¿Quién fija los precios de los medicamentos? ¿Cuánto cuesta producirlos? ¿Cómo se distribuyen los costes? Abordar los precios de los medicamentos desde posicionamientos ideológicos busca generar un debate que no se ajusta a la realidad del sector ni a los estándares internacionales de I+D. España tiene un modelo regulado, garantista y colegiado para la fijación de precios de fármacos en el que participan tres ministerios y seis CCAA y el que la colaboración público-privada es esencial para el éxito de la I+D biomédica.
Para hacernos una idea más cercana a la realidad sobre el precio de los fármacos conviene que primero conozcamos una serie de aspectos fudamentales sobre el proceso de investigación y elaboración de un producto:
– La investigación y desarrollo de un medicamento es un proceso muy complejo, largo, arriesgado y costoso en el que participan un gran número de profesionales de alta cualificación: desde que se empiezan a investigar las primeras moléculas prometedoras hasta que el fármaco o vacuna llega al paciente son necesarios unos 10-14 años y una inversión de más de 2.400 millones de euros.
– En sus fases iniciales, las compañías colaboran con centros de investigación públicos y privados, participando en la financiación de sus proyectos. No obstante, debido a los enormes costes que supone el proceso de I+D, así como a los riesgos inherentes a esta actividad (se estima que sólo una de cada 10.000 moléculas inicialmente investigadas llegan finalmente a convertirse en medicamentos y que sólo tres de cada diez medicamentos comercializados logran recuperar la inversión efectuada), la experiencia y financiación de la industria se hacen imprescindibles conforme avanza el desarrollo.
– En el caso de los ensayos clínicos, 8 de cada 10 de los aprobados en España están promovidos directamente por compañías farmacéuticas.
– Además de la financiación directa de proyectos, una parte muy relevante de la financiación de los centros públicos de investigación en España procede de la industria farmacéutica, que aporta anualmente el 2% de su facturación al SNS (más de 85 millones de euros en 2016) para financiar la actividad de los distintos Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) en el marco de la actividad del Instituto de Salud Carlos III.
Ocho de cada 10 ensayos clínicos de los aprobados en España están promovidos directamente por compañías farmacéuticas
– El proceso de fijación de precios de los fármacos innovadores es complejo y atiende a numerosos factores, si bien en España responde a un modelo regulado, garantista y colegiado con diversas fases: Tras la solicitud y presentación ante la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, MSSSI), competente de la decisión sobre financiación, se elabora un informe y un análisis sobre la solicitud de financiación pública. Acto seguido, los precios de los medicamentos de prescripción financiados por el SNS son fijados por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, en la que participan representantes de los ministerios de Sanidad, de Economía y de Hacienda, además de seis representantes de otras tantas CCAA.
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– La fijación de precios se hace siempre de modo motivado y conforme a criterios objetivos establecidos en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Hay que tener en consideración que en la decisión de precio y financiación pública se valora especialmente la utilidad terapéutica del medicamento y su grado de innovación, siempre en el marco de la aplicación efectiva del principio de financiación selectiva de medicamentos, principio que debe inspirar la incorporación de todo medicamento al SNS.
Algunos de los nuevos medicamentos, cada vez más específicos, entre ellos las nuevas inmunoterapias, serán utilizados por muy pocos pacientes
– Además, para garantizar la máxima objetividad en la fijación de precios, se tienen en cuenta los informes sobre utilidad terapéutica de los medicamentos que elabora la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con la colaboración de una red de expertos de las comunidades autónomas (Informes de Posicionamiento Terapéutico, IPT). Finalmente, la decisión de financiación no está garantizada, puesto que la propuesta que realizan las compañías puede rechazarse en caso de que los precios no se consideren adecuados, pese a que el medicamento esté debidamente autorizado.
Inversión a largo plazo
Más allá del gasto inmediato que pueda suponer financiar un medicamento, en el medio y largo plazo supone una inversión que genera un retorno mucho mayor, tanto para el paciente como para la sociedad ya que obtiene un aumento de la esperanza de vida y de la calidad de los años vividos, un ahorro de otros recursos sanitarios derivados de la utilización de los medicamentos innovadores, y un aumento de la riqueza económica asociado a las ganancias de productividad o reducción del absentismo que provoca el consumo de medicamentos. Todos estos beneficios tienen una traducción directa en forma de contribución al PIB y al crecimiento económico.
Hay que añadir que algunos de los nuevos medicamentos, cada vez más específicos, entre ellos las nuevas inmunoterapias, serán utilizados por muy pocos pacientes, cuando los costes de investigación y desarrollo no son distintos a los de otros fármacos. Esto genera un reto notable en materia de precios y financiación, dada la dificultad para lograr un retorno económico.
